Opinión

Aumenta el número de personas con discapacidad en mayores de 18 años. Eso dice el nuevo Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc II), recién publicado. El porcentaje ha pasado del 12,6% de 2004, cuando se realizó el primer estudio, al 20% que desvela este segundo informe. Casi ocho puntos porcentuales más. En total, 2.606.914 chilenos mayores de 18 años. Cabe recordar que a esta cantidad hay que añadirle el número de personas con discapacidad menores de edad, dato que aún no ha sido revelado.

No es baladí. Por supuesto que no. Uno de cada cinco chilenos tiene algún tipo de discapacidad, cuando en 2004 la prevalencia era uno de cada ocho. Desconozco las causas que originan este aumento. Como ven, incluso considerando el crecimiento general de la población, el incremento de la discapacidad no es proporcional. Y en todo caso, ni siquiera tendría por qué serlo.

La detección temprana es un factor importante. Apoyos iniciales previenen casos futuros. Es sólo un factor más, pero es manifiestamente mejorable. Especialmente en el caso de la discapacidad intelectual, de gran prevalencia, y en el que aún andamos a vueltas con el decreto 170 y la tendencia al sobrediagnóstico para conseguir fondos en las escuelas.

El mejor plan de intervención sólo le corresponde al Estado. Un Estado que debe asumir su responsabilidad transversal en el ámbito de la discapacidad, más allá del caso concreto. Se necesitan políticas intersectoriales que reúnan a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. Al menos. Tampoco estaría de más que participase el de Trabajo. Por cierto, que la Endisc II también pone de manifiesto otra asignatura pendiente: la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sólo el 21,8% de las personas con discapacidad severa trabaja.

Por lo tanto, hace falta detección temprana, seguimiento clínico, diseños de planes de inclusión educativa, social, y preparación y enfoque orientado al mercado laboral. Y todo ello, de manera intersectorial con seguimiento e intercambio de expedientes entre las distintas carteras. Es decir, mucho más de aquello con lo que en la actualidad se cuenta, que vienen a ser ayudas puntuales: asignaciones económicas y provisión de recursos. Al margen queda la Teletón. Un empeño que no tiene la capacidad de diseñar un plan integral de inclusión en todos los ámbitos. Porque ni le corresponde, ni tiene competencias para hacerlo.

En definitiva, no tenemos una política que incida sobre la causa. Ni previsión de que la vaya a haber a medio plazo. Tampoco la Reforma Educativa contempla formación docente en atención a la diversidad, por lo que no se espera que en las aulas vaya a cambiar algo. Siquiera el tratamiento, el bienestar de estas personas y su inclusión en la escuela. Suma y sigue. La conclusión es que o bien todo esto no interesa, o bien existe una manifiesta incapacidad por parte de los dirigentes para intervenir de manera estructural sobre el asunto. Y no sé qué se me antoja más grave.